La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem(1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya
aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la
totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en
Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) –el 51 por ciento-, declara de
“interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de
hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización,
transporte y comercialización”. Asienta legalmente el fin de la primacía
del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad
nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de
palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría
del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique
Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad
pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo,
no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible
contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo
de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen
español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas
neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los
gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes
públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han
comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes
transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en
gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander,
cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El
gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por
ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y
2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos
ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en
todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e
infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los
beneficios (13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política
de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida
por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura
de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio
obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su
balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido
nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía
capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el
autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como
argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de
la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo,
con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el
fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y
las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso
que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los
neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por
asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no
tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina
ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige
una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno
de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar
amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la
dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a
Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social.
Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España
con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los
habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han
expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y
los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas
hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?
